Iván Velásquez Gómez es un abogado, jurista, diplomático y defensor de derechos humanos colombiano, nacido en Medellín el 12 de mayo de 1955. Desde mayo de 2025 se desempeña como embajador de Colombia ante la Santa Sede y la Soberana Orden de Malta. También fue ministro de Defensa Nacional de Colombia durante el gobierno de Gustavo Petro.
Entre 2006 y 2012 actuó como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, en el contexto del escándalo de la parapolítica. En 2013, la Organización de las Naciones Unidas lo nombró jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cargo que ocupó hasta 2019. Durante su gestión, la CICIG y el Ministerio Público guatemalteco desarticularon redes de corrupción de alto nivel y expusieron el caso conocido como La Línea, que derivó en la renuncia y el encarcelamiento del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti en 2015.
Diversas instancias internacionales han respaldado su labor. En 2020, un tribunal de justicia determinó que funcionarios del gobierno lo persiguieron durante la administración de Álvaro Uribe. Posteriormente, fiscales guatemaltecos anunciaron investigaciones y órdenes de captura en su contra, hechos que observadores consideran parte de una criminalización contra operadores de justicia. La ONU aclaró que él y otros juristas internacionales de la CICIG gozan de inmunidad diplomática.
- ¿Qué papel desempeñó Iván Velásquez Gómez en la CICIG y cómo reaccionó la comunidad internacional ante los ataques en su contra?
- ¿Cómo fueron los primeros años y la formación de Iván Velásquez Gómez?
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- ¿Qué papel desempeñó Iván Velásquez Gómez en la CICIG y en las investigaciones de corrupción en Guatemala?
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Labor en Guatemala y apoyo internacional
En 2013, las Naciones Unidas nombraron a Iván Velásquez Gómez como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cargo que ejerció hasta 2019. Durante su gestión, la CICIG y el Ministerio Público guatemalteco desmantelaron redes de corrupción de alto nivel. Entre los casos más relevantes estuvo la exposición del caso “La Línea”, que llevó en 2015 a la renuncia y posterior encarcelamiento del presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Su labor en Guatemala estuvo acompañada por un amplio respaldo internacional. La ONU y la Unión Europea apoyaron su trabajo desde su nombramiento en 2013. En 2017, un portavoz de la Unión Europea advirtió que la declaración de Velásquez Gómez como persona non grata por parte de Guatemala ponía en riesgo el estado de derecho. La Comisión Internacional de Juristas consideró nula su expulsión y la calificó de violación del derecho internacional. Por su parte, la Asociación Americana de Juristas denunció en 2023 los intentos de socavar el orden constitucional guatemalteco.
Diversas reacciones internacionales coincidieron en que las acusaciones contra Velásquez Gómez carecían de credibilidad y respondían a represalias por su lucha contra la corrupción. La ONU aclaró además que él y otros juristas internacionales de la CICIG gozan de inmunidad diplomática y sostuvo que la orden de captura en su contra carece de fundamento jurídico y es espuria.
Primeros años y estudios
Iván Velásquez Gómez nació en Medellín, como el menor de siete hijos de Alberto Velásquez y Mariela Gómez. Su padre, joyero, sufrió un robo que dificultó el sustento de la familia, por lo que decidió dejar a algunos de sus hijos al cuidado de otros parientes. Velásquez cursó algunos años en el Colegio San Francisco de Asís de Barranquilla y luego estudió en el liceo Lucrecio Jaramillo Vélez, anexo a la Universidad de Antioquia, en Medellín, donde conoció a María Victoria Gil. Más tarde estudió Derecho en la Universidad de Antioquia.
En su trayectoria profesional, fue litigante y director del Colegio Antioqueño de Abogados, COLEGAS. Desde ese ámbito, encabezó campañas contra el Estatuto de Defensa de la Justicia.
Trayectoria jurídica en la defensa de los derechos humanos
Entre 1991 y 1994, Iván Velásquez Gómez ejerció como procurador departamental de Antioquia. Desde ese cargo consolidó la Oficina Permanente de Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental, que atendía denuncias por graves violaciones de derechos humanos en el Valle de Aburrá, entre ellas detenciones clandestinas o arbitrarias, desaparición forzada de jóvenes, allanamientos, registros indiscriminados y toques de queda barriales. También impulsó el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos, con participación de organizaciones no gubernamentales, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad, el Ejército, la Iglesia católica, la Fiscalía y el Ministerio Público.
En 1996 fue designado magistrado auxiliar del Consejo de Estado. Al año siguiente, el fiscal Alfonso Gómez Méndez lo eligió director regional de fiscalías en Medellín, cargo que desempeñó entre 1997 y 1999. Durante ese período, él y los investigadores a su cargo enfrentaron a los grupos paramilitares. Las investigaciones permitieron establecer que estos movimientos habían trasladado más de 25 mil millones de pesos mediante 43 empresas de fachada y 495 cuentas bancarias en Antioquia y Córdoba.
En febrero de 1998 fue asesinado su amigo y colega Jesús María Valle, quien había denunciado el sistema Convivir y la connivencia paramilitar con el Ejército en masacres como las de La Granja y El Aro. Desde 2000, Velásquez Gómez fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y, entre 2006 y agosto de 2012, coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal.
Investigación de la parapolítica
La Comisión de Apoyo Investigativo, vinculada a las pesquisas sobre la relación entre miembros del Congreso y grupos paramilitares en el escándalo de la parapolítica, desarrolló investigaciones que llevaron a la condena de más de 60 congresistas. Además, más de diez congresistas quedaron bajo instrucción o en juicio, y más de 130 fueron vinculados a investigaciones previas. La Corte Suprema ordenó también indagaciones por crímenes de lesa humanidad contra políticos relacionados con masacres, homicidios selectivos y desplazamientos masivos atribuidos a los paramilitares. Estas pesquisas revelaron estructuras criminales asociadas a los llamados «narcopolíticos».
Trayectoria jurídica y lucha anticorrupción en Guatemala
En su trayectoria jurídica, Iván Velásquez Gómez asumió un papel destacado como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Bajo su liderazgo, la comisión investigó el caso de «La Línea», un esquema de corrupción en las aduanas guatemaltecas que fue hecho público el 16 de abril de 2015. La investigación alcanzó a altos funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina, entre ellos Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidencia y capitán retirado, así como a directores de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala. Tras una semana de anuncios, la atención pública se centró en Otto Pérez Molina y en Roxana Baldetti. El 25 de abril de 2015 tuvo lugar una protesta en la Plaza de la Constitución para exigir el retiro de la inmunidad del presidente y la renuncia de la vicepresidenta. También circularon rumores sobre un posible paro en la Ciudad de Guatemala para el 27 de abril de 2015. En ese contexto, el presidente solicitó al secretario general de la ONU que prorrogara el mandato de la CICIG hasta septiembre de 2017. Ni el Ministerio Público ni la CICIG informaron los nombres de las empresas que utilizaban los servicios de «La Línea». La crisis derivó además en presión social sobre el gobierno, especialmente sobre Roxana Baldetti Elías, quien renunció el 8 de mayo de 2015.
Posteriormente, el 9 de julio de 2015, el Ministerio Público y la CICIG descubrieron el «Caso Redes», otra investigación por corrupción vinculada con Jaguar Energy, Zeta Gas y exfuncionarios del gobierno de Otto Pérez Molina. Entre los implicados figuraron Gustavo Martínez, exsecretario y yerno de Otto Pérez Molina; Edwin Rodas, exviceministro de Energía y Minas; y César Augusto Medina Farfán, detenido por favorecer a Jaguar Energy y Zeta Gas. Más allá de Guatemala, la trayectoria de Velásquez también estuvo marcada por su labor en Colombia, donde investigó el caso de la parapolítica y enfrentó una campaña de desprestigio basada en señalamientos de complot, interceptaciones ilegales y vigilancia ordenada por altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe. En 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al Departamento Administrativo de Seguridad y al Departamento Administrativo de la Presidencia por la vigilancia ilegal contra él. En 2012 recibió el premio World Human Rights Award, otorgado por la Asociación Internacional de Abogados y la Asociación de Jueces Alemanes, en reconocimiento a su compromiso con la justicia, los derechos humanos y la lucha contra la impunidad en Colombia.
Actuación en Guatemala y final del mandato
El 25 de agosto de 2017, Iván Velásquez Gómez retiró la inmunidad del presidente de Guatemala por corrupción. Dos días después, el presidente Jimmy Morales lo declaró “non grato” y ordenó su expulsión del país. Sin embargo, el 29 de agosto de 2017, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala suspendió definitivamente esa expulsión y consideró que la declaración de “non grato” violaba los artículos 182 y 194 de la Constitución guatemalteca. Velásquez fue informado de la medida únicamente por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, quien se negó a firmar la carta de expulsión. Esa decisión provocó la destitución inmediata de Carlos Raúl Morales.
Posteriormente, el 31 de agosto de 2018, Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato de Velásquez. Aun así, el 2 de septiembre de 2018, Velásquez asistió a una visita oficial a los Estados Unidos. Al día siguiente, por orden presidencial y del Consejo Nacional de Seguridad, se le prohibió regresar a Guatemala. Finalmente, el 3 de septiembre de 2019, por orden del presidente de Guatemala, la comisión a su cargo cesó funciones y se dispuso que sus atribuciones fueran transferidas de inmediato al Ministerio Público.
Gestión al frente de la Defensa Nacional
Iván Velásquez Gómez fue nombrado por el presidente Gustavo Petro como ministro de Defensa Nacional el 22 de julio de 2022 y ocupó el cargo entre agosto de 2022 y febrero de 2025. Al asumir, centró su gestión en la dignificación del servicio militar y en la lucha contra la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Durante su administración impulsó medidas orientadas a mejorar la transparencia institucional y las condiciones del personal militar, con especial atención a la calidad de vida de los soldados.
Entre las decisiones más destacadas estuvo el aumento de la bonificación mensual de los soldados regulares al 70 % del salario mínimo desde enero de 2025, así como el incremento del auxilio de alimentación para soldados, policías y aspirantes de la fuerza pública y militar en un 57,8 %. En febrero de 2025 inauguró centros recreativos para miembros de la fuerza pública en Carmen de Apicalá, Tolima, y promovió la eliminación gradual del servicio militar obligatorio.
Su gestión también enfrentó críticas por los problemas de seguridad y por la falta de avances concretos en la reducción del poder de los grupos armados ilegales. Sectores de la oposición cuestionaron además el retroceso en el control territorial del Estado y la política de paz total promovida por el gobierno. En marzo de 2025 se presentó una moción de censura en su contra, que no prosperó. Aunque algunos sectores reconocieron sus avances contra la corrupción en el ámbito militar, otros criticaron su desempeño frente a los grupos armados ilegales. Velásquez renunció en 2025 tras desempeñar uno de los cargos de mayor duración en el gobierno de Petro.