Alex Saab

Foto policial de Alex Saab en 2021
Foto policial de Alex Saab en 2021

Alex Saab nació el 21 de diciembre de 1971. Es un empresario colombo-venezolano cuyo nombre apareció en los Panama Papers, Pandora Papers y FinCEN Files. Mantuvo negocios estimados en US$135 millones con el gobierno venezolano y recibió US$159 millones entre 2012 y 2013 para importar materiales de vivienda, aunque entregó productos por valor de US$3 millones en ese mismo período. También fue beneficiado por el negocio de suministro de materiales de la Misión Vivienda en Venezuela. Entre octubre de 2024 y enero de 2026 se desempeñó como ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela. Fue arrestado en Cabo Verde el 12 de junio de 2020 durante una escala para cargar combustible, con base en una notificación roja de Interpol relacionada con una acusación de Estados Unidos por lavado de dinero. Su extradición a Estados Unidos fue aprobada por el Tribunal de Apelaciones de Barlovento, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional de Cabo Verde. En mayo de 2024, él y su contador fueron absueltos de cargos en Colombia. En 2018 se convirtió en informante de la DEA y compartió información sobre sobornos ofrecidos a funcionarios venezolanos y contratos con el gobierno. Fue liberado de la cárcel en diciembre de 2023 y enviado de regreso a Venezuela en un intercambio de prisioneros por diez estadounidenses; en febrero de 2026 fue recapturado en una operación conjunta de inteligencia estadounidense y venezolana.

Orígenes familiares y primeros pasos empresariales

Alex Saab es hijo de Luis Saab, un inmigrante libanés que se estableció en Barranquilla y fundó Textiles Saab. Estudió en el Colegio Alemán de Barranquilla, un centro privado de reconocido prestigio, y a los 19 años ya había abierto su propia fábrica de camisetas. Con el tiempo, acumuló deudas millonarias tras la suspensión de los pagos de divisas por parte del gobierno venezolano. No fue acusado de fraude en relación con las denuncias sobre el sistema Cadivi, y también demandó en Estados Unidos al periodista Gerardo Reyes, de Univisión, a raíz de reportajes sobre sus problemas financieros.

Su trayectoria empresarial inicial refleja un perfil emprendedor que pronto derivó hacia los contratos con el Estado venezolano, donde encontró las oportunidades más lucrativas —y también las más polémicas— de su carrera.

Contratos con el Estado venezolano y entramado de empresas

La vinculación de Alex Saab con el gobierno venezolano se consolidó a partir de 2009, cuando él y Álvaro Pulido ganaron un contrato gubernamental sobrevalorado para construir 25.000 viviendas de bajo costo, valorado en 685 millones de dólares dentro del programa Gran Misión Vivienda. Entre 2012 y 2013, Saab recibió US$159 millones del gobierno venezolano para importar materiales de construcción; sin embargo, solo entregó productos por valor de US$3 millones durante ese mismo período, lo que representa una diferencia de más del 98 % entre los fondos recibidos y los bienes efectivamente suministrados.

Su nombre apareció en los Panama Papers, los Pandora Papers y los FinCEN Files, y sus negocios totales con el gobierno venezolano fueron estimados en US$135 millones. Entre sus empresas figuran Seafire Foundation, Lintel Overseas, PI Proment International Sociedad Anónima y Kingstone Team Inc., aunque su abogado afirmó que ninguna de ellas llegó a utilizarse operativamente. Además, ejecutivos del sector indicaron que dirigió la empresa Trenaco entre 2012 y 2014, y compartió dirección con la entidad Fondo Global, en colaboración con Carlos Gutiérrez y Álvaro Pulido.

Saab conoció a Álvaro Pulido en 2012 durante actividades de suministro de alimentos, que cesaron en 2014. El 23 de agosto de 2017, la exfiscal Luisa Ortega Díaz afirmó que Saab era copropietario de la firma mexicana Group Grand Limited —que abastecía alimentos al programa CLAP— junto con Álvaro Pulido y Rodolfo Reyes, a quien Ortega identificó con Nicolás Maduro. Según esas versiones, los suministros se vendían con un sobreprecio del 112 % respecto al precio original en México.

En 2018, el gobierno venezolano asociado a Saab comenzó a pagar las importaciones del CLAP utilizando recursos de oro. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sostuvo que el gobierno venezolano presionó a mineros para vender oro de Saab a precios de mercado inflados. Su empresa Mulberry, con base en Turquía, habría facilitado pagos por ese oro y por bienes vendidos a clientes venezolanos.

Como han señalado analistas especializados en corrupción estatal, la brecha entre los fondos recibidos y los bienes efectivamente entregados en los contratos de Saab constituye uno de los casos más documentados de desvío de recursos públicos en el hemisferio occidental durante la última década.

Investigaciones penales y órdenes de captura en Colombia y Estados Unidos

En 2016, la Agencia para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos inició investigaciones sobre empresas propiedad de Saab y de Álvaro Pulido por sospechas de lavado de dinero procedente del tráfico ilegal de cocaína desde Colombia. Dos años después, el 24 de septiembre de 2018, la Fiscalía colombiana y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol emitieron órdenes de captura contra siete personas, entre ellas Alex Saab, a quienes se atribuía lavado de activos por un valor de US$25.000 millones entre 2004 y 2011.

Las autoridades colombianas planeaban ejecutar los arrestos al día siguiente, pero Saab logró escapar a Venezuela después de que un patrullero de la DIJIN alertara a miembros del grupo sobre la operación inminente. Tras los avisos, Luis Alberto y Amir, hermanos de Saab, apagaron sus teléfonos y las autoridades perdieron su rastro. Saab identificó a Eddie Andrés Pinto como el responsable de filtrar la información. Pinto fue arrestado en Bogotá e imputado el 11 de octubre de 2018 por cohecho y violación ilícita de comunicaciones, y declaró que colaboraría con las autoridades. Su abogado había presentado además una denuncia el 23 de septiembre de 2018 por un presunto intento de extorsión por parte de un funcionario público.

El 8 de mayo de 2019, Saab fue acusado en Colombia de lavado de dinero, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y fraude agravado relacionados con la empresa Shatex. Desde septiembre de 2018, Colombia lo consideró prófugo por no presentarse a actuaciones judiciales con una orden de captura en firme. No obstante, en mayo de 2024 fue declarado no culpable de todos los cargos colombianos, junto con su contador.

Fecha Acción legal País / Entidad
2016 Investigación por lavado de dinero ligado al narcotráfico DEA (Estados Unidos)
24 sep. 2018 Órdenes de captura por lavado de activos (US$25.000 millones) Fiscalía Colombia / Interpol
11 oct. 2018 Arresto de Eddie Andrés Pinto por filtrar información Colombia
8 may. 2019 Acusación formal por múltiples delitos (caso Shatex) Colombia
May. 2024 Absolución de todos los cargos colombianos Colombia

Sanciones internacionales y presión del Tesoro de Estados Unidos

El 25 de julio de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a 10 personas y 13 empresas de varios países vinculadas al programa CLAP. Entre los sancionados se encontraban Alex Saab y los hijastros de Nicolás Maduro. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, afirmó en ese momento que la red de corrupción del programa CLAP permitía a Maduro y a sus familiares apropiarse de recursos destinados al pueblo venezolano.

El gobierno de Maduro rechazó las sanciones y las calificó como una muestra de “desesperación del imperio gringo”. Maduro aseguró que el programa CLAP continuaría en Venezuela y que nadie se lo quitaría al pueblo. La cancillería venezolana, por su parte, denunció al gobierno de Estados Unidos por lo que describió como terrorismo económico destinado a privar a los venezolanos de su derecho a la alimentación.

Según declaró un intermediario identificado por Bruce Bagley como Jorge Luis Hernández, los 2,5 millones de dólares recibidos de Saab estaban destinados a pagar a abogados que lo asistían en su cooperación con el gobierno estadounidense. En reuniones celebradas entre 2017 y 2019, esos abogados proporcionaron información sobre el gobierno de Maduro a autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, David Rivkin, uno de los abogados de Saab, afirmó que su cliente no había cooperado con funcionarios estadounidenses, y añadió que el propio gobierno venezolano estaba al tanto de todas las actividades de Saab.

El 14 de septiembre de 2020, las autoridades estadounidenses congelaron cuentas en Liechtenstein pertenecientes a Saab por valor de 700 millones de dólares. Ese mismo mes, las autoridades de Liechtenstein habían iniciado una investigación por cargos de malversación relacionados con fondos públicos del CLAP, enviando además una solicitud de asistencia judicial a Suiza.

Represalia contra periodistas y censura de Armando.info

Tras la publicación de reportajes de Armando.info sobre la trayectoria de Saab, su carrera quedó marcada por amenazas directas y por la difusión de información personal de los periodistas en redes sociales. Saab presentó una demanda en la que alegó difamación continuada y cargos de lesión agravada, delitos que en Venezuela podían acarrear una pena de hasta seis años de prisión. A raíz de esa acción legal, varios periodistas de Armando.info se vieron obligados a abandonar el país.

El 11 de septiembre de 2018, CONATEL —el regulador de telecomunicaciones de Venezuela— prohibió a los periodistas de Armando.info publicar información sobre Saab. Su director general, Vianey Miguel Rojas, impidió a ciudadanos concretos publicar menciones contra el honor y la reputación del empresario, una medida que afectaba especialmente a los medios digitales hasta que concluyera el proceso judicial en curso. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela denunció públicamente la prohibición, mientras que el portal sufrió ataques cibernéticos masivos tras sus publicaciones. El periodista Roberto Deniz rechazó la medida y señaló que el equipo recibió amenazas a través de Twitter, además de confirmar que la 11.ª Corte de Caracas les había prohibido salir del país.

Más adelante, el portal vinculó a José Brito con actos de corrupción destinados a limpiar la reputación de empresarios ligados al gobierno de Maduro y a la red de Saab, ampliando así el alcance de sus investigaciones más allá del propio empresario.

Arresto en Cabo Verde y reacción diplomática venezolana

El 12 de junio de 2020, Alex Saab fue arrestado en Cabo Verde durante una escala técnica para cargar combustible, cuando viajaba en un jet privado de Venezuela con destino a Irán. La detención se realizó en virtud de una notificación roja de Interpol vinculada a su acusación por lavado de dinero en Estados Unidos. El gobierno venezolano sostuvo que esa notificación se emitió un día después de que Saab fuera efectivamente detenido, argumento que sus abogados utilizarían en etapas posteriores del proceso. Expertos legales señalaron, en cambio, que Cabo Verde estaba obligado a cumplir la notificación roja por convenios de Naciones Unidas, incluso en ausencia de un tratado bilateral de extradición con Estados Unidos.

El caso adquirió también una dimensión de seguridad regional. Entre noviembre y diciembre de 2020 se desplegó el crucero USS San Jacinto frente a las costas de Cabo Verde, en el marco de una misión secreta destinada a impedir que Venezuela o Irán intentaran sacar a Saab del país. Esa operación respondió a preocupaciones de sectores del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado —incluido el entonces enviado especial Elliott Abrams— ante la posibilidad de que operativos iraníes o venezolanos facilitaran su fuga. En agosto de 2020, el propio Saab pidió al primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, que lo liberara, y en una entrevista con CNN en junio de 2021 declaró que las autoridades en Cabo Verde lo habían torturado.

La reacción del gobierno de Maduro fue inmediata y sostenida. El canciller Jorge Arreaza publicó el 14 de junio un mensaje de apoyo en el que calificó el arresto de “arbitrario e ilegal”. El gobierno desplegó una campaña de respaldo que incluyó redes sociales oficiales, carteles, murales y grafitis exigiendo su liberación, además de posicionarlo públicamente como un empresario con poderes diplomáticos que había eludido sanciones económicas. En febrero de 2021 organizó un concierto en la plaza Diego Ibarra de Caracas en su nombre, y dos diputados del partido de gobierno visitaron la embajada de Nigeria en Venezuela con el mismo fin. Rusia también criticó la detención y la solicitud de extradición. A comienzos de 2021, la esposa de Saab, la modelo italiana Camila Fabbri, se trasladó a Moscú junto con su familia. En ese contexto, el gobierno de Maduro llegó a suspender las negociaciones con la oposición política como respuesta a la detención.

El 29 de diciembre de 2020, Maduro nombró a Saab embajador ante la Unión Africana con destino a Etiopía, en un intento de dotarlo de inmunidad diplomática y así bloquear la extradición.

Proceso judicial en Cabo Verde: apelaciones, tribunales y extradición

El proceso judicial en Cabo Verde fue largo y disputado en múltiples instancias. El 30 de noviembre de 2020, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ordenó a Cabo Verde conceder arresto domiciliario a Saab. El 15 de diciembre, el Tribunal de Apelaciones de Cabo Verde rechazó esa decisión por falta de jurisdicción, y Cabo Verde solicitó al tribunal regional que la rescindiera.

El 5 de enero de 2021, el Tribunal de Apelaciones de Cabo Verde falló a favor de la extradición, y el 21 de enero las autoridades aprobaron su traslado a arresto domiciliario. Expertos citados por Voice of America advirtieron que esa medida aumentó exponencialmente el riesgo de fuga. El 22 de febrero de 2021, el Tribunal del Distrito Sur de Florida negó una solicitud para anular la extradición.

El 15 de marzo de 2021, el Tribunal de Justicia de la CEDEAO ordenó su liberación —al considerar que había sido detenido antes de la notificación roja de Interpol— y ordenó además a Cabo Verde pagarle una compensación de 200.000 euros. Aunque las decisiones de la CEDEAO son formalmente vinculantes, no cuentan con mecanismos de ejecución en los Estados miembros, incluido Cabo Verde, por lo que esta resolución no tuvo efecto práctico.

Dos días después, el 17 de marzo de 2021, el Tribunal Supremo de Cabo Verde aprobó la solicitud de extradición de Saab y solicitó al tribunal regional que anulara su decisión favorable al empresario. En junio de 2021, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió suspender la extradición y garantizar acceso a atención médica especializada elegida por el propio Saab. El Tribunal Supremo de Cabo Verde rechazó esa solicitud en una decisión de 39 páginas, argumentando que no existían razones suficientemente persuasivas para acatarla y que las peticiones del comité debían entenderse dentro de un marco de “diálogo constructivo”, sin subordinación entre órganos. Los tres jueces añadieron que el comité presenta su interpretación y que el Estado “considera y responde libremente”.

Tras una apelación de sus abogados, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde escuchó a las partes el 13 de agosto de 2021. La defensa había recurrido la decisión del Tribunal Supremo y solicitado además el traslado de la detención de la isla de Sal a Praia, alegando deterioro de salud y necesidad de tratamiento especializado por un cáncer. El Tribunal de Apelación de Barlavento aceptó ese traslado el 1 de septiembre de 2021. Finalmente, el 8 de septiembre de 2021, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de la defensa en una resolución de 194 páginas, aprobando la extradición de Saab a Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y respaldando las decisiones de todas las instancias anteriores.

Fecha Instancia judicial Decisión
30 nov. 2020 Tribunal de Justicia de la CEDEAO Ordena arresto domiciliario
5 ene. 2021 Tribunal de Apelaciones de Cabo Verde Falla a favor de la extradición
15 mar. 2021 Tribunal de Justicia de la CEDEAO Ordena liberación y compensación de 200.000 €
17 mar. 2021 Tribunal Supremo de Cabo Verde Aprueba extradición
8 sep. 2021 Tribunal Constitucional de Cabo Verde Rechaza recurso y confirma extradición (194 páginas)

Cooperación con la DEA, proceso en Florida y extradición efectiva

Entre agosto de 2016 y junio de 2019, Alex Saab mantuvo reuniones periódicas con autoridades estadounidenses, incluyendo encuentros con agentes y fiscales en Colombia y Europa. Según documentos judiciales publicados el 16 de febrero de 2022, en 2018 se convirtió formalmente en informante de la DEA y firmó un acuerdo de cooperación con esa agencia. En el marco de ese acuerdo, admitió en una reunión de junio de 2018 haber pagado sobornos relacionados con contratos de suministro de alimentos, compartió información con el sistema de justicia estadounidense sobre sobornos, actividades ilícitas y contratos gubernamentales, y transfirió más de 10 millones de dólares a la DEA.

Sin embargo, Estados Unidos dejó de considerarlo colaborador después de que no cumpliera el plazo del 30 de mayo de 2019 para entregarse y enfrentar los cargos en Florida. El 14 de septiembre de 2021, Saab fue nombrado miembro del equipo de negociación del gobierno venezolano en las conversaciones celebradas en México, un movimiento interpretado por analistas como un intento de Caracas de dotarlo de protección política adicional.

En el plano judicial, la defensa presentó documentos para cuestionar las pruebas en su contra el 7 de noviembre, entre ellos una copia impresa de la Gaceta Oficial de Venezuela, edición N.º 6.373, del 26 de abril de 2018, obtenida de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y una copia de un supuesto pasaporte diplomático con foto y firma coincidentes con las de otro pasaporte no diplomático expedido casi dos años después. La defensa sostuvo que esos documentos sugerían una posible falsificación y que la administración de Maduro no se había referido de inmediato a Saab como “enviado especial”, sino meses después de su arresto.

En diciembre de 2023, Saab fue liberado de la cárcel y enviado de regreso a Venezuela en un intercambio de prisioneros a cambio de diez ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela.

Condiciones del perdón presidencial y nueva recaptura

El presidente Joe Biden otorgó un perdón a Alex Saab sujeto a condiciones estrictas. Entre ellas, Saab debía abandonar el territorio de Estados Unidos y permanecer fuera de sus fronteras, territorios y posesiones; no podía cometer nuevos delitos contra Estados Unidos tras aceptar el perdón; debía renunciar y liberar todas las reclamaciones contra el gobierno estadounidense y sus agentes; debía desistir de futuros reclamos o impugnaciones; y estaba obligado a entregar cualquier fondo o propiedad incautada o sujeta a decomiso en Estados Unidos. El perdón incluía también la prohibición expresa de recibir beneficio económico por ninguna publicación o producción sobre su situación.

Tras su regreso a Venezuela, Nicolás Maduro lo nombró presidente del Centro Internacional de Inversión de Venezuela. Sin embargo, el 4 de febrero de 2026, Saab fue arrestado nuevamente en Venezuela durante una operación conjunta entre el FBI y las autoridades venezolanas. Fue capturado alrededor de las 2:00 a. m. y quedó bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) mientras se determinaba el procedimiento de extradición a Estados Unidos.

Nombramiento como ministro y destitución en el gobierno de Maduro

El 18 de octubre de 2024, Nicolás Maduro nombró a Alex Saab ministro del Poder Popular para la Industria y la Producción Nacional, cargo que lo situaba en el centro del aparato económico del Estado venezolano. Su paso por el ministerio fue, no obstante, breve: el 16 de enero de 2026, la líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo destituyó del cargo, apenas quince meses después de su nombramiento.

Este período en el gobierno constituyó la etapa de mayor exposición institucional de Saab en Venezuela, en paralelo a los procesos judiciales que aún lo vinculaban con acusaciones en Estados Unidos. Su designación fue interpretada por analistas como una señal del papel estratégico que el gobierno de Maduro le asignaba en la gestión de recursos industriales y relaciones comerciales internacionales, mientras que su destitución coincidió con el período inmediatamente anterior a su nueva recaptura en febrero de 2026.