Salvatore Mancuso, también conocido como Mono Mancuso, Santander Lozada y Triple Cero, nació en Montería el 17 de agosto de 1964. Fue un exnarcotraficante y exlíder paramilitar colombiano, y se desempeñó como comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Se desmovilizó en 2005 y fue extraditado a Estados Unidos en 2008. Cumplió una condena en ese país hasta 2020, y el Gobierno colombiano solicitó su retorno para que respondiera ante la justicia. En 2019, un juez del Tribunal Superior de Bogotá ordenó su liberación, aunque permaneció en una cárcel de Atlanta debido al coronavirus. En 2024 regresó a Colombia e ingresó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Está acusado de haber cometido 75.000 crímenes en territorio colombiano y admitió participación en al menos 300 homicidios. También se le atribuye responsabilidad como comandante en las masacres de Mapiripán, El Aro, Gabarra y El Salado.
- ¿Quién es Salvatore Mancuso y cuáles fueron sus alias y cargos principales?
- ¿Qué ocurrió con Salvatore Mancuso después de su extradición a Estados Unidos y cómo volvió a la vida pública en Colombia?
- ¿Cómo se formó Salvatore Mancuso y cómo pasó a ocupar un papel central en las Autodefensas y su posterior desmovilización?
- ¿Cómo se relacionó Salvatore Mancuso con las autodefensas y con la Ley de Justicia y Paz?
- ¿Qué revelaron las confesiones paramilitares sobre las fosas comunes y los crímenes atribuidos?
- ¿Qué acusaciones, confesiones y procesos judiciales marcaron la etapa de crímenes y condenas de Salvatore Mancuso?
- ¿Que posicion adopto Salvatore Mancuso sobre el proceso de paz, su situacion judicial y su regreso a Colombia?
- ¿Qué revelaron las declaraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP en mayo de 2023?
Identidad y antecedentes
Salvatore Mancuso, también conocido por los alias Mono Mancuso, Santander Lozada y Triple Cero, nació en Montería el 17 de agosto de 1964. Fue un antiguo narcotraficante y ex líder paramilitar colombiano. Además, se desempeñó como comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), papel que marcó una etapa central de su trayectoria.
Extradición, condenas y retorno a Colombia
Salvatore Mancuso se desmovilizó en 2005 y, tres años después, fue extraditado a Estados Unidos en 2008 por acusaciones de narcotráfico. Permaneció en la cárcel de Atlanta debido al Coronavirus, y en 2019 un juez del Tribunal Superior de Bogotá ordenó su libertad. Cumplió su condena en Estados Unidos en 2020, y al terminarla el gobierno colombiano pidió su regreso a Colombia para que respondiera ante la justicia. En 2024 retornó al país y se vinculó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). También se indicó que está en libertad condicional.
Su trayectoria judicial ha estado marcada por múltiples acusaciones. Se le atribuyen 75.000 crímenes en territorio colombiano y él mismo admitió su participación en al menos 300 homicidios. Entre los hechos por los que se le responsabiliza figuran la masacre de Mapiripán, donde murieron veinte campesinos indefensos, y la de El Aro, ocurrida en 1997, en la que murieron quince personas. Por esta última recibió una condena de 40 años de prisión, aunque no la cumplió por su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz. También se le acusa por la masacre de Gabarra de 1999, con treinta y cinco personas asesinadas, y por la masacre de El Salado en febrero de 2000, donde murieron más de cien personas.
Mancuso confesó además que el Bloque Catatumbo, bajo su mando, fue responsable de cinco mil muertes de civiles. En ese contexto afirmó que las autodefensas infiltraron todas las ramas del poder público. A las acusaciones en Colombia se suman cargos por narcotráfico ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia y señalamientos de la justicia italiana y de la Guardia di Finanza de Milán por tráfico de drogas con la mafia calabresa.
Formación y ascenso en Córdoba
Salvatore Mancuso nació en Montería, Córdoba, y fue hijo del inmigrante italiano Salvatore Mancuso D’Angiolella, natural de Nápoles, y de Gladys Gómez, de Montería. Fue el segundo de seis hermanos. En su formación académica cursó algunos semestres de ingeniería civil en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, estudió administración agropecuaria en la Escuela de Formación Técnica Agrícola sin terminar ninguna de las dos carreras, y también estudió inglés en la Universidad de Pittsburgh, en Pennsylvania.
Con el tiempo se convirtió en un importante y poderoso terrateniente en el departamento de Córdoba. En esa región actuó como informante de las Fuerzas Militares contra el Ejército Popular de Liberación, EPL, y en particular para el mayor Walter Fratini Lobaccio. Según los hechos registrados, Fratini Lobaccio le sugirió a él y a otros ganaderos que se armaran contra organizaciones insurgentes.
Después se integró al grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, junto a Carlos Castaño como segundo al mando. Más adelante fue promovido por Vicente y Carlos Castaño al cargo de jefe del estado mayor negociador de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Durante el proceso de desmovilización propuesto por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, continuó como jefe y principal vocero de la organización.
Su trayectoria también estuvo marcada por acusaciones graves: estuvo involucrado en el mando de al menos ocho grupos paramilitares responsables de numerosas masacres, entre ellas la de Mapiripán, y fue acusado de narcotrafico por los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos. Estados Unidos solicitó su extradición. Aun así, asistió a la ceremonia de desarme del Bloque Bananero el 24 de noviembre de 2004. Bogotá aprobó inicialmente su extradición, pero luego la suspendió de manera condicional dentro de las negociaciones de desmovilización de las AUC. Finalmente, se desmovilizó con el Bloque Catatumbo el 10 de diciembre de 2004 y fue extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008 junto con otros 13 jefes paramilitares, por no cumplir los compromisos establecidos por la ley de Justicia y Paz.
De la autodefensa al marco de desmovilización
Las acciones de la guerrilla del EPL contra grandes propietarios impulsaron la formación de grupos armados ilegales con apoyo del Estado, y algunos miembros de la Fuerza Pública respaldaron esas estructuras surgidas frente a esos ataques. En ese contexto, Salvatore Mancuso, como gran terrateniente, participó en la conformación de las Autodefensas Unidas de Colombia y se vinculó a esa organización en 1995. Su biografía presentó la defensa frente a la agresión guerrillera y la debilidad institucional del Estado como justificaciones de sus acciones.
Años después, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se sancionó la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz. Esa norma buscaba crear un marco legal para la desmovilización de paramilitares y guerrilleros, aunque recibió objeciones de sectores de izquierda en Colombia y de observadores internacionales de derechos humanos. El Congreso colombiano la aprobó y luego la Corte Constitucional la modificó, exigiendo confesión plena de los paramilitares y mayor reparación a las víctimas.
El 16 de agosto de 2006, la policía capturó a 14 mandos militares de las AUC, entre ellos Salvatore Mancuso. Más tarde, Mancuso se entregó a la justicia colombiana para acceder a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, y quedó recluido en la prisión de máxima seguridad de Itagüí, en Antioquia, junto con otros líderes militares de las AUC.
Crímenes y condenas
Las confesiones paramilitares bajo la Ley 975 revelaron fosas comunes en distintas partes del país. Estos enterramientos colectivos eran lugares donde los responsables de masacres depositaban los cuerpos, con un promedio de 100 personas por fosa según los registros. En Mapiripán, El País informó sobre una fosa con 78 cuerpos, entre ellos dos menores de edad. Además, se esperaba encontrar allí al menos 400 cuerpos, en una zona de Meta descrita como un campo de exterminio y genocidio.
Crímenes y condenas
Las acusaciones contra Mancuso por actividades de narcotráfico fueron registradas por Estados Unidos y Colombia según la base de datos MIPT. El 24 de septiembre de 2002, el fiscal general de Estados Unidos, John Ashcroft, declaró a la AUC y a sus dirigentes como un grupo dedicado al narcotráfico, y el 2 de junio de 2003 la organización fue oficialmente designada como narcotraficante bajo la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act.
En el plano judicial, el 19 de diciembre de 2006 Mancuso confesó 87 actos criminales y 336 víctimas, convirtiéndose en el primer alto dirigente de la AUC en hacerlo. El proceso se desarrolló en Medellín ante un juez de justicia y paz, mientras víctimas y familiares seguían la confesión por circuito cerrado de televisión. En sus declaraciones, reconoció la corrupción de autoridades civiles y militares para permitir operaciones paramilitares en todo el país, y señaló que pagó 250.000 dólares a policía y ejército durante la desmovilización de diciembre de 2004. También confesó haber planificado, intentado y ejecutado asesinatos políticos en Colombia.
Sus declaraciones reavivaron la controversia. Sectores de la guerrilla del ELN respaldaron sus afirmaciones, y también se registró que Samper acusó a Santos de conspiración durante el gobierno de Samper.
Reconciliacion, extradicion y retorno
Desde la prision, Salvatore Mancuso mantuvo un sitio web continuamente actualizado, que utilizo para comunicarse con la opinion publica. Ese espacio fue presentado tambien como una fuente de informacion y estudio sobre la psicologia de los grupos paramilitares. En sus mensajes, Mancuso afirmo inicialmente que pretendia mantenerse leal a los compromisos adquiridos con el gobierno. Al mismo tiempo, apoyo un programa de reconciliacion conocido en Colombia como reconciliacion nacional, que describio como la unica solucion a la crisis del pais, en un contexto de mas de cuatro decadas de conflicto armado. Tambien exigio una definicion de su situacion juridica como garantia para participar en la contienda politica en Colombia, reitero su intencion de continuar en el proceso de paz y ratifico compromisos politicos, sociales y juridicos tras la desmovilizacion.
Su situacion judicial avanzo despues de su extradicion ordenada el 13 de mayo de 2008. El gobierno colombiano lo acuso de narcotrafico, y se indico que podria ser deportado a Italia por tener nacionalidad italiana. Mas adelante, fue liberado tras cumplir una condena de 15 anos por narcotrafico en Estados Unidos. En febrero de 2024 retorno a Colombia para enfrentar cargos y quedo detenido en la carcel de La Picota.
Ya de vuelta en el pais, solicito al gobierno venezolano que buscara los cuerpos de personas desaparecidas ocultos en la frontera con Venezuela entre 1997 y 2005. Tambien se presento como un posible gestor de paz e invito al expresidente Alvaro Uribe a dialogar.
Declaraciones ante la JEP en 2023
En mayo de 2023, Salvatore Mancuso tuvo que declarar ante la Jurisdicción Especial para la Paz, en unas audiencias que sumaron 28 horas de testimonio. Durante esas declaraciones reiteró acusaciones contra Francisco Santos Calderón, a quien vinculó con la creación de paramilitares para Bogotá, y señaló a William Vélez Sierra y al clan Gnecco Cerchar como colaboradores y financiadores de estructuras paramilitares. También mencionó como involucradas en masacres a Alfonso Manosalva Flórez, Julio Cesar Charry Solano, Fernando Roa Cuervo, Alberto Bravo Silva, Rodrigo Quiñonez Cardenas, Ricardo Diaz Granados Mantilla y Publio Hernan Mejia.
Entre los hechos relatados, afirmó que las masacres de La Granja y El Aro fueron planeadas desde la Cuarta Brigada del Ejercito Nacional en Antioquia. Además, enumeró a Bavaria, Postobon, Ecopetrol, Coca Cola, Chiquita Brands, Drummond y Termotasajero como financiadores del paramilitarismo. En sus declaraciones también habló de relaciones con el Departamento Administrativo de Seguridad desde 1988 y mencionó a varios funcionarios, así como de la falsa desmovilización de disidentes del EPL en 1996 con complicidad del gobierno de Ernesto Samper.
Las declaraciones incluyeron supuestos apoyos paramilitares a campañas presidenciales de Andres Pastrana y Horacio Serpa en 1998, y de Alvaro Uribe en 2002. Mancuso también afirmó la participación de altos mandos militares en el asesinato de Jaime Garzon, recordó el asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo Diaz, en 2003 y la condena de Salvador Arana, y reconoció crímenes contra periodistas, estudiantes y profesores en Cordoba, entre ellos José Antonio Alzate. Asimismo, expuso planes de asesinato contra Alvaro Leyva, Gustavo Petro y Piedad Cordoba que habrían sido listados por el DAS. La JEP le dio 30 días para aportar pruebas, mientras su admisión a la jurisdicción seguía en estudio, y sus dichos provocaron reacciones politicas con numerosos dirigentes negando las afirmaciones.