Daniel Quintero Calle

Retrato formal de Daniel Quintero, político colombiano
Retrato formal de Daniel Quintero, político colombiano

Daniel Quintero Calle nació en Medellín el 26 de julio de 1980. Es un político colombiano, ingeniero electrónico y empresario, graduado de la Universidad de Antioquia. Fue alcalde de Medellín entre 2020 y 2023, cargo al que llegó tras ganar las elecciones locales de 2019 como candidato independiente. Durante su administración impulsó una agenda de transformación digital y educativa, al tiempo que mantuvo una postura crítica frente a sectores políticos tradicionales de Antioquia. Su gestión también enfrentó diversas controversias políticas e institucionales.

Quintero no está formalmente afiliado a ningún partido político, aunque ha mostrado afinidad ideológica con el Pacto Histórico y ha participado en espacios de coordinación con sus líderes. En marzo de 2025 lanzó una campaña presidencial independiente basada en la recolección de firmas. Entre sus propuestas figura convocar una Asamblea Nacional Constituyente en 2026 para un reajuste institucional. Además, ha expresado apoyo a candidaturas del Pacto Histórico al Congreso, ha respaldado públicamente el fortalecimiento de Fuerza Ciudadana y ha promovido recuentos de votos en 2022 ante denuncias de irregularidades electorales.

Vínculos políticos y agenda pública

Daniel Quintero no está formalmente afiliado a ningún partido político, pero mostró afinidad ideológica con el Pacto Histórico y participó en espacios de coordinación con sus líderes. En 2022, apoyó públicamente las solicitudes de reconteo de votos presentadas por el Pacto Histórico y por Fuerza Ciudadana, en medio de denuncias de presuntas irregularidades electorales. También expresó respaldo a candidatos del Pacto Histórico al Congreso, lo que reforzó su acercamiento a ese sector.

En 2025, Quintero se reunió con Francia Márquez y Carlos Caicedo para explorar una posible unidad progresista. En ese contexto, actuó como parte de un frente más amplio del petrismo, aunque manteniendo una identidad política propia. Además, manifestó apoyo al fortalecimiento de Fuerza Ciudadana a nivel nacional, sin ser su fundador ni su líder formal.

Paralelamente, en marzo de 2025 lanzó una campaña presidencial independiente basada en la recolección de firmas. Entre sus propuestas figura la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en 2026, con la que plantea un “reset” institucional. Estas posiciones se desarrollaron al margen de una militancia partidista formal, pero dentro de una relación política cercana con sectores progresistas.

Infancia, formación y vida personal

Daniel Quintero nació el 26 de julio de 1980 en Medellín y creció en el barrio Tricentenario, en la comuna 5 Castilla. Fue el segundo de tres hermanos. Su padre, Orlando Quintero, trabajaba como mecánico de carros y conductor, mientras que su madre, Estela del Carmen Calle, se desempeñaba como administradora de un centro de atención para la niñez. Cuando Daniel tenía catorce años, su madre falleció.

Realizó su educación básica en instituciones públicas y, a los diecisiete años, ingresó a la Universidad de Antioquia para estudiar ingeniería electrónica. Terminó esa carrera alrededor de 2004. Durante su etapa universitaria trabajó en distintos oficios, entre ellos vendedor ambulante, soporte técnico y desarrollador de software.

En su vida personal, está casado con Diana Osorio Vanegas, comunicadora social, y tiene dos hijas. Se identifica como creyente, sin afiliación religiosa explícita. Además, ha expresado interés por el desarrollo humano, la educación tecnológica y la innovación social.

Del activismo ciudadano a la candidatura en Medellín

Daniel Quintero inició su carrera política dentro de un partido tradicional. En 2007 se presentó al Concejo de Medellín con el aval del Partido Conservador Colombiano, aunque no obtuvo una curul. Más adelante fue uno de los promotores del llamado Tomato Party, un grupo ciudadano satírico fundado en 2013 como protesta contra los partidos tradicionales. Junto con Juan Carlos Upegui Vanegas, impulsó acciones simbólicas y candidaturas de broma con agendas de transparencia política en redes sociales y universidades.

En 2014 volvió a aspirar, esta vez a la Cámara de Representantes con el Partido Liberal, sin conseguir un asiento. Luego asumió la dirección de iNNpulsa Colombia, entidad estatal adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y encargada de promover el emprendimiento y la innovación. Desde allí promovió políticas para fortalecer empresas emergentes, facilitar el acceso al capital de riesgo y apoyar a pequeñas compañías basadas en tecnología.

En 2015 ingresó al Gobierno Nacional como Alto Consejero Presidencial para la Transparencia, durante la administración de Juan Manuel Santos. Renunció en mayo de 2018 alegando diferencias con las directrices del gobierno sobre el proceso de paz. Después se vinculó a la campaña presidencial de Humberto de la Calle por el Partido Liberal.

En 2019 lanzó el movimiento Independientes y se inscribió como candidato a la Alcaldía de Medellín por firmas. Su campaña recibió apoyo de sectores ciudadanos y de algunos líderes vinculados a sectores alternativos. Mantuvo un discurso crítico frente a los partidos tradicionales y promovió una narrativa de independencia frente a las maquinarias políticas. Esa candidatura rompió la dinámica bipartidista local y consolidó una base de liderazgo ciudadano con una nueva estructura política.

La campaña de 2019

La campaña electoral de 2019 de Daniel Quintero Calle se presentó como una alternativa ciudadana. Su aspiración a la Alcaldia de Medellin fue anunciada el 7 de febrero de 2019 por medio del movimiento ciudadano Independientes, y luego se formalizo por fuera del sistema de partidos tradicionales mediante el Grupo Significativo de Ciudadanos Independientes, un grupo ajeno a los partidos tradicionales. Desde el inicio, la campaña busco recolectar firmas fuera de las estructuras politicas habituales y logro mas de 50,000 firmas validas, segun datos de la Registraduria.

La estrategia se centro en redes locales de apoyo y en contribuciones ciudadanas, sin vinculos formales con grandes grupos empresariales. En su discurso, la campaña se presento como una opcion centrada en la lucha contra la corrupcion, el fortalecimiento de la educacion publica, la inclusion social y la modernizacion digital de Medellin. Tambien uso lemas como "el futuro nos une" y "vamos a unir a Medellin", y reforzo una imagen independiente frente al Uribismo y a las maquinarias politicas tradicionales.

Al principio fue considerado un candidato con pocas opciones, pero fue ganando terreno en las encuestas y en los debates publicos. Su discurso de renovacion y su perfil tecnico atrajeron a sectores criticos de la hegemonia politica conservadora de Medellin. La campaña tambien se posiciono en redes sociales y se distancio de las maquinarias politicas de la ciudad. En ese contexto, se destaco por ser la primera en decadas en llegar a la Alcaldia de Medellin sin respaldo de los partidos tradicionales ni del sector empresarial de Antioquia.

No obstante, la campaña no publico informes detallados sobre ingresos y gastos. Mas adelante, ya en el ejercicio de la Alcaldia, surgieron controversias sobre la gestion de recursos relacionadas con el uso del fondo fijo 067, e investigaciones fueron iniciadas por la Procuraduria y la Contraloria General de Medellin.

Financiación de la campaña de 2019

No existen informes públicos oficiales detallados sobre los ingresos y gastos de la campaña electoral de 2019 ante el Consejo Nacional Electoral. Además, solo una pequeña parte de los candidatos a la alcaldía en 2019 presentó reportes completos en la aplicación Cuentas Claras. Según los hechos disponibles, la campaña se financió principalmente con donaciones individuales, acercamientos a pequeños negocios y redes locales de ciudadanos. No recibió aportes de grandes organizaciones ni de partidos tradicionales, y tampoco contó con respaldo de grandes grupos empresariales como el Grupo Empresarial Antioqueño. La mayor parte de las contribuciones provino de sectores ciudadanos y de pequeños empresarios locales. Hasta ahora, no se ha publicado una lista oficial de donantes de la campaña. Tampoco hay donantes identificados públicamente que hayan recibido contratos, cargos o beneficios directos durante la administración de Daniel Quintero Calle como alcalde de Medellín entre 2020 y 2023, ni existe evidencia documentada que vincule esa financiación con decisiones posteriores en la contratación pública.

La campaña y la elección en Medellín

Daniel Quintero fue candidato a la Alcaldía de Medellín por el grupo Independientes, mediante recolección de firmas. Durante la campaña, se presentó como una opción independiente frente a los partidos tradicionales y frente al poder politico-empresarial de la ciudad, con énfasis en la defensa de lo público, la transparencia y la lucha contra la corrupción. También señaló que no representaba las posturas de izquierda o derecha, sino una vision ciudadana.

Su propuesta de campaña llevó por titulo "El futuro se parece a nosotros" y puso el acento en la transformación digital, la educacion y la equidad. Ademas, registró oficialmente ante la Registraduria Nacional del Estado Civil el plan de gobierno "Medellin Futuro", orientado a la educacion, la innovacion, el desarrollo economico con justicia social y la defensa del patrimonio publico.

En las elecciones locales de 2019 fue elegido alcalde de Medellin, al superar a Alfredo Ramos Maya, de Centro Democratico, y a otros candidatos. Su triunfo fue interpretado por analistas como una ruptura con gobiernos relacionados con el uribismo en Medellin desde 2004.

Reorganización institucional y cambios en el gabinete

Durante su gestión como alcalde de Medellín entre 2020 y 2023, Daniel Quintero promovió una reorganización institucional orientada a fortalecer la tecnología, la educación y la participación ciudadana. En ese marco, creó la Secretaría de la No Violencia, enfocada en la prevención de homicidios, la mediación de conflictos y la reconciliación territorial. Esta dependencia coordinó acciones de prevención de la violencia, justicia restaurativa e inclusión de víctimas y de grupos reincorporados, y contó con dos subsecretarías especializadas: Justicia Restaurativa y Construcción de Paz Territorial.

Su administración también incluyó nombramientos de varias personas vinculadas al movimiento político Independientes. Estas designaciones generaron críticas por supuesta parcialidad y falta de experiencia técnica. Entre ellas destacó la de Esteban Restrepo, jefe de campaña de Quintero, quien fue nombrado secretario de Gobierno. La oposición y medios independientes cuestionaron ese nombramiento por fortalecer redes de lealtad personal y por politizar el gabinete.

La gestión enfrentó además una alta rotación en el equipo de gobierno: más de nueve secretarios renunciaron para unirse a campañas políticas y el gabinete tuvo más de 113 cambios en cargos de alto nivel. Estas variaciones despertaron preguntas sobre la estabilidad institucional y la reputación administrativa de la alcaldía. En paralelo, la administración presentó el sistema robótico de vigilancia llamado Robocop, con cámaras móviles y energía solar.

Resultados y cuestionamientos sobre Robocop

Robocop funcionó con cámaras inteligentes, reconocimiento de placas y predicción de delitos, lo que le permitió operar de forma continua. Sin embargo, según reportes de El Colombiano, no logró reducir de manera significativa los indicadores de hurto y homicidio. Además, diversos informes cuestionaron su alto costo, su uso para sancionar conductas menores y su baja efectividad frente a delitos de alto impacto.

Seguridad y homicidios en Medellín

Durante su gestión como alcalde de Medellín entre 2020 y 2023, Daniel Quintero impulsó una estrategia de seguridad que combinó vigilancia tecnológica con mediación social, con atención especial a jóvenes en riesgo. En ese marco, se creó el Comando Especializado contra el Homicidio, con participación de la Policía Metropolitana, la Fiscalía y la Secretaría de la No Violencia.

Los resultados fueron mixtos. En 2022 se redujeron los homicidios frente a 2021, aunque ese mismo año Medellín registró 389 muertes violentas. Entre 2022 y 2023 se reportaron más de 100 capturas, y en ese periodo también se señaló una tasa de esclarecimiento cercana a de los casos de homicidio, además de otra referencia a una tasa superior de esclarecimiento de esos hechos. La administración describió esos años como un periodo con la menor violencia homicida en décadas, con tasas cercanas a 15 por habitantes.

No obstante, el balance también mostró concentraciones importantes de violencia en algunas comunas. La comuna 10 La Candelaria registró 75 casos de homicidio, seguida por la comuna 7 Robledo con 34, la comuna 4 Aranjuez con 32 y la comuna 13 San Javier con 29.

Seguridad, protestas y tensiones institucionales

Durante su gestión como alcalde de Medellín entre 2020 y 2023, Daniel Quintero enfrentó uno de los periodos más tensos de su administración durante el Paro Nacional de 2021. En ese contexto, mantuvo acuerdos operativos con la Policía Nacional, pero al mismo tiempo incrementó el equipamiento policial y desplegó refuerzos del Ejército en puntos críticos, como la Comuna 8 Villa Hermosa. Su postura combinó el respaldo a la protección del orden público con críticas abiertas a algunas intervenciones de la fuerza pública.

Quintero rechazó públicamente ciertas actuaciones de la fuerza pública durante las protestas y pidió a la Policía Nacional no usar el ESMAD en marchas pacíficas. También llamó a evitar el uso desproporcionado de la fuerza, al tiempo que defendía el derecho a la protesta. En medio de los hechos, denunció la infiltración de atracadores en las manifestaciones y reportó que el presidente del Comando Operativo desobedeció instrucciones que exigían coordinación institucional. Estas diferencias derivaron en un distanciamiento con la Policía Metropolitana por problemas de articulación.

Tras los hechos violentos del 1 de mayo, solicitó el retiro del Ejército. La administración, sin embargo, siguió combinando medidas de seguridad con acciones de intervención social en distintos sectores de la ciudad. Se implementaron proyectos en la comuna 16 Belén, la comuna 13 San Javier y la comuna 7 Robledo, junto con inversiones en infraestructura comunitaria, redes de cuidado y programas para desvincular a jóvenes de economías ilegales. Aun así, también se registraron informes que mostraban que el control territorial por parte de organizaciones criminales persistía en algunas zonas.

En el plano institucional, su alcaldía recibió en 2020 una calificación de 97.7 sobre 100 en desempeño institucional por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública y Medellín fue ubicada en el primer lugar nacional en rankings de gestión pública. Quintero utilizó esa evaluación como prueba de eficiencia y transformación institucional, aunque también impulsó decisiones que alteraron el modelo tradicional de la ciudad. Además, planteó una relación conflictiva con el GEA, al que acusó de influir en la contratación estatal, excluir a sectores ciudadanos y actuar como pseudodueño de empresas con miles de accionistas. También denunció presiones políticas de Álvaro Uribe y Sergio Fajardo y afirmó que dos intentos de asesinato durante la campaña fueron frustrados por la policía.

Reestructuraciones y controversias institucionales

Durante la gestion como alcalde de Medellin (2020-2023), varias entidades descentralizadas y de apoyo municipal atravesaron reestructuraciones administrativas y cambios abruptos de liderazgo. Estas transformaciones fueron interpretadas por criticos como una estrategia para consolidar el control institucional. En Ruta N, la administracion solicito en 2020 la renuncia de Juan Andres Vasquez sin acuerdo previo de la junta, y ocho integrantes de la junta renunciaron en protesta por la presunta ruptura del gobierno corporativo. La gestion justifico ese relevo para nombrar un gerente mas cercano a la administracion. Luego, Iván Castano, nuevo director de Ruta N, firmo contratos por mas de millones de pesos en diez meses, incluidos montos millonarios en publicidad y mercadeo. En 2023, la Fiscalía abrio una investigacion por presuntos cobros ilegales de un porcentaje del valor de los contratos a cambio del desembolso total.

En el Hospital General de Medellin, los estatutos fueron modificados para permitir aumentos contractuales de hasta sin licitacion abierta. Ademas, se promovio la afiliacion de trabajadores a los sindicatos Famysalud, Prodesa y Sindisalud como requisito para seguir trabajando. Segun las denuncias, estos sindicatos administraron la tercerizacion de servicios mediante contratacion directa, lo que generó señalamientos de sobrecostos y de perdida de autonomia institucional. Tambien se mencionaron conexiones de esos sindicatos con sectores politicos externos, como la familia Char de Barranquilla.

Sobre otro proyecto, las investigaciones nacionales e internacionales no hallaron inhabilidades legales que impidieran la participacion de la empresa. La proyeccion inicial del presupuesto se habia hecho antes de la pandemia de COVID-19 y se calculo con un valor en dolares cercano a . Sin embargo, el precio de insumos como el acero y los componentes electronicos se vio afectado por las condiciones economicas iniciales. El presupuesto del proyecto seria financiado por la Nacion y su valor podia ajustarse por indexacion de ingresos.

Contratos, medios y controversias en la alcaldía

Durante su gestión como alcalde de Medellín entre 2020 y 2023, Daniel Quintero estuvo en el centro de numerosas controversias relacionadas con la contratación pública, la relación con los medios y el manejo de recursos institucionales. En el Concejo de Medellín se discutieron presuntas irregularidades en contratos hospitalarios, y también surgieron señalamientos sobre sobrecostos, selección directa de contratistas y favoritismos hacia aliados de su movimiento político.

Uno de los ejes más repetidos de crítica fue el uso de la pauta oficial y la relación con el ecosistema mediático. Su administración mantuvo tensas relaciones con medios tradicionales como El Colombiano, Semana y El Tiempo, mientras priorizaba contratos de publicidad institucional con medios comunitarios, alternativos y digitales, entre ellos la Federación Internacional de Prensa de los Pueblos. También fue vinculada con múltiples contratos con medios alternativos alineados con el Pacto Histórico en el canal Telemedellín, y con convenios de publicidad con medios del Valle del Cauca, incluyendo Twitteros Cali, bajo la dirección de Deninson Mendoza. Además, se firmó un contrato con Alfaro Comunicaciones para mejorar la imagen del alcalde después de la crisis de Hidroituango.

Estas decisiones generaron acusaciones de uso discriminatorio y partidista de la publicidad institucional. Según las denuncias, varios medios tradicionales quedaron excluidos de los contratos oficiales, mientras que se favorecía a medios, periodistas e influenciadores cercanos a la administración. También hubo contratos con influenciadores que promovían la gestión del alcalde, lo que abrió debates éticos sobre el uso de recursos públicos para influir en la opinión pública. Frente a estas críticas, la administración sostuvo que sus políticas de comunicación buscaban democratizar el acceso a la pauta y dar voz a medios que habían sido excluidos. Además, afirmó que algunos medios actuaban como actores políticos y no como observadores imparciales.

La Fundación para la Libertad de Prensa reportó un ambiente hostil para el periodismo en Medellín, y también se acusó a la administración de presionar periodistas y de obstaculizar deliberadamente el acceso a información pública sobre contratos, gastos de publicidad y acuerdos interadministrativos. Funcicar y Medellín Cómo Vamos señalaron una disminución en los niveles de transparencia.

En paralelo, la alcaldía enfrentó investigaciones de órganos de control fiscal, disciplinario y penal por decisiones administrativas y contratación pública. Hubo funcionarios de alto nivel acusados de corrupción por la Fiscalía General de la Nación en programas como Buen Comienzo, así como indagaciones sobre el presunto uso indebido del fondo fijo de la alcaldía. Personería y Contraloría también investigaron un supuesto mal uso de recursos, mientras concejales y medios presentaron denuncias sobre ese mismo tema.

Otra controversia se relacionó con contratos de entidades y personas cercanas a la administración, como los celebrados para el Jardín Botánico de Medellín sin procesos abiertos de selección. También se cuestionaron convenios vinculados a operadores favorecidos en otros programas municipales. A esto se sumó la venta como chatarra de vehículos oficiales aún en funcionamiento, sin autorización del Concejo de Medellín, asunto que generó debates en medios y en instancias de veeduría ciudadana.

A nivel político, en mayo de 2022 la Procuraduría General de la Nación lo suspendió provisionalmente por presunta participación indebida en política. La medida se produjo tras la publicación de un video en el que aparecía en un vehículo haciendo una frase referida a la campaña presidencial de Gustavo Petro. La decisión provocó una amplia controversia jurídica y política; Quintero la calificó como un golpe local y acusó a sectores del uribismo y del empresariado de bloquear su participación política indirecta. Durante ese periodo, el Gobierno Nacional nombró a Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado, Quintero permaneció fuera del cargo durante tres semanas y luego el Tribunal Superior de Medellín ordenó su reintegro, al considerar que se habían vulnerado derechos fundamentales sin una sentencia judicial.

Cuestionamientos a programas y contratos

Durante la gestión como alcalde de Medellín (2020-2023), varios programas y contratos quedaron bajo escrutinio. En el programa Buen Comienzo se presentaron cargos contra el secretario de Educación y otros funcionarios por supuestas irregularidades en la contratación y por la falta de estudios previos. También el programa Computadores Futuro tuvo reverses y revisiones tras quejas por anticipos elevados sin garantías suficientes; además, la Procuraduría y la Contraloría iniciaron una vigilancia especial y suspendieron preventivamente el contrato. Por otra parte, Telemedellín fue acusado de contratar con medios y colectivos cercanos a la administración sin convocatorias abiertas ni criterios técnicos. La administración sostuvo que esos contratos buscaban promover la comunicación comunitaria y alternativa, mientras los organismos de control y algunos medios advirtieron posibles redes clientelares y falta de transparencia.

Reconocimientos recibidos

En 2019, Daniel Quintero fue distinguido con varios reconocimientos relacionados con su labor. Ese año, Reconocimientos fue decorada por el Ejército Nacional, un hecho que marcó uno de los hitos de ese periodo. Además, recibió la Orden Carlos Lemos Simmonds a la transparencia, una condecoración vinculada con ese valor. Estos reconocimientos reflejaron un momento importante en su trayectoria y aportaron visibilidad a su trabajo.

Imputación por el caso Aguas Vivas

El caso Aguas Vivas avanzó con la imputación de cargos contra Daniel Quintero y otras personas vinculadas a su administración. El 22 de abril de 2025, un juez avaló la imputación presentada por la Fiscalía el 8 de abril de 2025. En ese proceso quedaron involucrados Quintero y diez exfuncionarios de su gobierno, en un expediente relacionado con una presunta modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial para restituir de forma irregular el predio Aguas Vivas.

Los cargos incluyen peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción. Según la imputación, Quintero y los demás acusados se declararon inocentes. Más adelante, la Fiscalía General de la Nación presentó un escrito de acusación el 16 de septiembre de 2025 contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, nueve funcionarios de su administración y tres particulares. En ese documento se les atribuyó responsabilidad por peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.

Controversias y definición de su ruta electoral

En 2025, la campaña presidencial de Daniel Quintero anunció su intención de participar en la consulta del Pacto Histórico. Sin embargo, también enfrentó fuertes controversias fuera y dentro del país. El Congreso de Peru lo declaró persona non grata y aprobó por unanimidad una moción en la que rechazó su actuación por considerarla una afrenta a la soberania peruana. Además, el legislador Hector Valer presentó una denuncia penal contra el aspirante por alteración de hitos fronterizos y provocacion deliberada.

En agosto de 2025, Quintero ingresó sin invitacion al escenario del Congreso Empresarial Colombiano en Cartagena con una bandera palestina e interrumpio la intervencion del exministro Mauricio Cardenas. Luego justificó su accion en redes sociales, alegando censura por oponerse a la guerra en Gaza y a las ventas de carbon a Israel. Su gesto también recibió criticas desde sectores de izquierda, que lo señalaron por un uso oportunista del sufrimiento palestino para obtener visibilidad politica.

Más adelante, el 15 de octubre de 2025, anunció su renuncia a la consulta interna del Pacto Historico. Explicó que la decision respondia a desacuerdos con los cambios introducidos por el Consejo Nacional Electoral, que transformaban la consulta en un proceso interpartidista. Pese a ese anuncio, la Registraduria Nacional de Estado Civil confirmó la fecha de la consulta y mantuvo su nombre en el tarjeton, que apareció para la votacion del 26 de octubre de 2025. La entidad sostuvo que no recibió una renuncia formal antes del cierre de inscripciones y por eso registro oficialmente su participacion.

Tras ello, Quintero anuncio que buscaría inscribirse como candidato independiente mediante recoleccion de firmas. No obstante, la Registraduria rechazó esa solicitud el 6 de noviembre de 2025 y, después, confirmó mediante la Resolucion 14125 que no registraria su movimiento de firmas. Tanto esa resolucion como la anterior 13881 indicaron que su apelacion carecia de merito y que la participacion en la consulta lo inhabilitaba para ser postulado por otros mecanismos electorales.